Unos 6.500 palestinos fueron detenidos por razones de seguridad por las autoridades israelíes; 6.245 fueron juzgados por tribunales militares israelíes. Más de 700 palestinos y nueve israelíes sufrieron detención administrativa sin cargos ni juicio. Al menos 5.450 permanecían detenidos a finales de año, entre ellos cerca de 240 en reclusión administrativa. Unos 5.000 palestinos, entre presos y detenidos, fueron puestos en libertad, la mayoría de ellos en el marco de los acuerdos firmados entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina. Entre los presos de conciencia figuraban detenidos administrativos y objetores de conciencia al servicio militar. Asimismo, continuaron usándose de manera sistemática la tortura y los malos tratos durante los interrogatorios. Al menos 82 palestinos murieron por disparos de las fuerzas israelíes, algunos en circunstancias que sugerían que habían sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales u otro tipo de homicidios ilegítimos. Un hombre fue condenado a muerte. Las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina detuvieron a centenares de palestinos, al parecer de manera arbitraria, y se tuvo constancia asimismo de casos de tortura y malos tratos: un palestino murió mientras se hallaba detenido. Al menos 15 personas fueron abatidas a tiros por efectivos de la Autoridad Palestina en circunstancias que sugerían que habían sido víctimas de homicidios ilegítimos. Por su parte, los grupos armados palestinos cometieron abusos contra los derechos humanos, tales como toma de rehenes y homicidios deliberados y arbitrarios.
